¿Y la presunción de inocencia? (Econoinvest)

por Leonardo Palacios Márquez

A Miguel Osío Zamora, Director de Econoinvest, 

a quien le invirtieron la presunción... 

El hombre en su afán de vivir se vuelve egoísta, transforma la cotidianidad del instante en una vacuidad del ser en que solo le importa aquello que puede serle útil o cree, falsamente, que le da utilidad. Egoísmo puro.

Un egoísmo que aísla, que hiere cuando olvidamos a quienes nos rodean, que congela la calidez de lo fraterno y se convierte en ponzoña destructiva.

Es necesario hacer un alto, elaborar un balance de lo vivido, sacar el activo de lo extraordinario que nos deja la interacción abierta de quienes aún, en lo pasajero del momento y en la fugacidad de la existencia, nos dejan una impronta. También tratar de determinar el pasivo corrigiendo errores, la dejadez que da el olvido o la indiferencia ante quienes ese egoísmo del diario vivir se ha quedado en un rincón careciendo que a nosotros puede sobrarnos.

En ese balance surge como una de las partidas de la contabilidad de mi vida, un amigo: Miguel Osío Zamora: un venezolano emprendedor, reconocido mecenas, respetado en el vertiginoso y global mundo del mercado de valores, hijo que con pasión noble hace llevadero a sus padres la intranscendencia de la ausencia que hacia ellos siente los hijos en su despegue del hogar; padre denodado que carece hoy de lo que usted y yo tenemos: libertad.

Un venezolano víctima de la violencia del Estado, objeto de la razzia a las que el poder deslegitimado en el ejercicio suele acudir para garantizar la más abyecta sumisión o dirimir las contradicciones en su seno.

Una libertad que le ha sido arrebata por rábulas del derecho, tercamente negada por quienes espantan la justicia del templo de la legalidad y obstinadamente obstaculizan su ejercicio por la manipulación de los valores que la hacen derecho esencial del hombre y combustible de la dignidad.

En la audiencia del pasado martes 23 de agosto, transcurrida en el juicio a "los directores de Econoinvest", en el cual la legalidad pisoteada es una excusa, donde la justicia un títere que pretende infructuosamente justificar el arrebato de la libertad, Miguel se dirige al juez de la causa, "en nombre de (sus) hijos Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro".

Miguel, en el respetuoso y nada altivo leguaje de un elegante litigante y curtido respeto al Estado de Derecho, seguro de la inocencia que todos le reconocemos, increpa al juez en relación con la función de las leyes y le manifiesta: "Las leyes tienen como objetivo darle al ciudadano seguridad jurídica y darnos la certeza de andar dentro de los parámetros de la legalidad. Eso no puede ser solo una sensación, tiene que ser una realidad concreta y material"

Miguel Osío, en su exposición fundamentada en el ordenamiento jurídico, sin recurrir a "interpretaciones melcochas" o acomodaticias, advierte el riesgo para la sociedad y la indignación que causa la conducta de quienes incentivan la violación del contenido y espíritu de la ley "con falsos argumentos y teorías que, como "gandola jurídica", arremete contra su espíritu y los principios fundamentales de legalidad, tipicidad e inocencia que sustentan el sistema penal y judicial".

Como abogado y profesor universitario, coincido con Miguel cuando afirma que "la mejor defensa que tiene la sociedad es la solidaridad contra los abusos de poder que surgen de la injusticia y las arbitrariedades. Una sociedad que vive bajo los parámetros de inseguridad jurídica y, consecuentemente, bajo la opresión de las injusticias y arbitrariedades (…) es una sociedad que, sin duda alguna, se convertirá en corrupta e inhumana, porque más allá de la ley y la justicia, lo que hay es el salvajismo propio de nuestros instintos básicos. Y, entonces, buscaremos doblegar al otro, violar los derechos humanos del otro, seremos destructores en vez de constructores, envidiosos del éxito del otro, en vez de emularlo, nos hundiremos moralmente perdiendo cualquier parámetro de ética".

En un agónico llamado, que solo puede pronunciar quien enfrenta con dignidad, no exenta de dolor el arrebato injusto e inconstitucional de su libertad, Miguel le señala al juez que "no es concebible que llevamos más de dos años presos sin haber cometido delito alguno. Pareciera que el principio constitucional de 'Se Presume Inocente' se ha convertido en 'Se Presume Culpable', haciendo que el precepto de nuestra carta magna: la libertad es inviolable, se convierta solo en un Sueño de Libertad. ¡No permita ciudadano juez que esto ocurra! La injusticia, señor juez, es glotona, se devora todo, y como Saturno devoró a sus hijos para que ninguno ocupara el trono del Olimpo, la injusticia se devorará no solo a quien la sufre, sino también a quien la promueve como a quien la ejecuta. Señor Juez, sin justicia, no hay libertad, sin esta la vida se reduce a un devenir insípido y sin sentido. A eso, señores Fiscales, se ha convertido nuestra vida en estos dos últimos años. Ustedes no han perdido nada! Como señalan en su exposición oral. ¡Nosotros sí!, nuestras esposas, nuestras madres, padres, hermanos. Pero, por sobre todo, las víctimas reales de esta injusticia son mis dos hijos menores: Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro, quienes han tenido que crecer sin la presencia de su padre, como los hijos de mis compañeros. Señor Fiscal, esto comenzó por un grave error, y eso es humano, normal, pero el orgullo nos hace mantenernos en él. El mejor momento para rectificar es aquel en que se ejecutan los actos. No sigamos empeñados en sostener este error. Y me uno a Cervantes, cuando Don Quijote dijo: 'La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombre dieron los cielos; por ella se puede y se debe aventurar la vida…'. Yo estoy dispuesto hacerlo, ciudadano juez; he dejado, en estas largas horas, todo mi ser por obtener esa libertad que merezco. Que mis hijos merecen. Estoy dispuesto a dar la vida para conseguirla y limpiar mi apellido por y para mis hijos. Y espero señor juez que usted esté dispuesto a implantar justicia".

La presunción de inocencia es un derecho no negociable e irreductible, más cuando es el propio Estado (los órganos del Poder Público y su ordenamiento) que reconoce como legítima los actos que se dicen contrarios a derecho y que ahora antijurídicamente los presentan como ilícitos.

La libertad es un derecho esencial que a nadie puede ser arrebatado con manipulaciones y engaños.

Sé Miguel de tu lucha, que la mayoría de quienes te conocen a ti y a tus compañeros de injusto cautiverio, respetan tu trayectoria y su verdad: la inocencia.

El Mundo, 28/08/2012, 21

Econoinvest: Palabras de Cierre de la declaración de Miguel Osío Zamora

Audiencia del 23 de agosto de 2012

Miguel Osío Zamora, director de Econoinvest, transcurrió cerca de diez horas explicando el carácter legal de las operaciones con títulos valores que ejecutó Econoinvest Casa de Bolsa. Sus argumentos se sustentaron en el marco jurídico desarrollado por el Gobierno Nacional —a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela—, mediante la implementación de los convenios cambiarios No. 1 y 4; y las resoluciones del Directorio del Banco Central de Venezuela que autorizaban la negociación de los TICC en el mercado secundario en bolívares, soportadas en la propia Ley Contra Ilícito Cambiarios, por la expresa excepción que el articulo 9 hace a las operaciones con títulos valores, excluyéndolas del tipo penal denominado “comercialización ilícita de divisas”.

Miguel Osío concluyó su exposición dedicándola a sus hijos Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro, con estas palabras:

"Ciudadano Juez:

¿Para qué sirven las leyes? Las leyes tienen como objetivo darle al ciudadano seguridad jurídica; darle la certeza de obrar dentro de los parámetros de la legalidad. Y eso no puede ser solo una sensación. Tiene que ser una realidad concreta y material. Pero si no se respeta la letra de la Ley, si quienes están llamados a garantizar su aplicación y su majestad incentivan su desobediencia con falsos argumentos y teorías que, como “gandolas jurídicas”, arremeten no solo contra su contenido, sino contra su espíritu y contra los principios fundamentales que sustentan nuestro sistema penal y judicial, como los principios de legalidad, tipicidad e inocencia, ¿qué certeza de justicia y legalidad podemos esperar como sociedad? 

Como sociedad, la mejor defensa que tenemos contra los abusos de poder que surgen de la injusticia y de la arbitrariedad es la solidaridad. La indignación social. Una sociedad que vive bajo los parámetros de inseguridad jurídica y, consecuentemente, bajo la opresión de injusticias y arbitrariedades, es una sociedad corrupta e inhumana, porque fuera del territorio de la Ley y la Justicia, lo que hay es el salvajismo propio de nuestros instintos básicos. Entonces buscaremos doblegar al otro, violar los derechos del otro; seremos destructores en vez de constructores; envidiosos del éxito del otro en lugar de sus émulos; nos hundiremos moralmente, perdiendo cualquier parámetro de ética. 

Casos como el nuestro nos llevan a tener la sensación de que en nuestra sociedad reina una gran inseguridad jurídica, que intimida e inhibe el esfuerzo emprendedor de una clase media trabajadora y profesional. Y digo expresamente la “sensación” porque tengo la fe, tengo la esperanza, de que usted nos devolverá la seguridad jurídica que nos ha sido robada. 

No es concebible que llevemos más de dos años presos sin haber cometido delito alguno. Pareciera que el principio constitucional de “Se presume inocente” se ha convertido en “Se presume culpable”, convirtiendo el precepto de nuestra Carta Magna que reza: “La libertad es inviolable”, en un lejano sueño de libertad. 

¡No permita,  ciudadano Juez, que esto ocurra! La injusticia es glotona. Se devora todo y, como Saturno devoró a sus hijos para que ninguno ocupara el trono del Olimpo, la injusticia devorará no solo a quien la sufre, sino también a quien la promueve y a quien la ejecuta. Señor Juez: sin justicia no hay libertad. Sin libertad, la vida se reduce a un devenir insípido y sin sentido. En eso, señores fiscales, se ha convertido nuestra vida en estos dos últimos años. Ustedes no han perdido nada, como señalan en su exposición oral. ¡Nosotros sí! Nuestras esposas, nuestras madres, nuestros padres y hermanos, sí. Y, sobre todo, las víctimas reales de esta injusticia: mis dos hijos menores, Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro que, como los hijos de mis compañeros, han tenido que crecer sin su padre al lado. 

Me uno a Cervantes, cuando en voz de Don Quijote, afirma: “La Libertad, Sancho, es uno de los mas preciosos dones que a los hombre dieron los cielos; por ella se puede y se debe aventurar la vida…” 

Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo, ciudadano Juez, he dejado, en estas largas horas, todo mi ser por obtener la libertad que merezco. Que mis hijos merecen. Y estoy dispuesto a dar la vida para conseguirla y limpiar mi apellido para mis hijos. 

Espero, señor Juez, que usted esté dispuesto a implantar la justicia."

Miguel Osio de Econoinvest: “Este es un juicio de mero derecho”

“Esto es un juicio de mero derecho, la aplicación de las normas es suficiente para decidir, ya que, está demostrado y acogido públicamente, por la representación fiscal, que Econoinvest utilizo títulos valores en sus operaciones, con los soportes documentales y económicos requeridos por la ley.” Asi lo afirmó en su derecho de palabra Miguel Osío Zamora.

Hoy continuó la décima  audiencia en el Juicio de Econoinvest que le siguen a Miguel Osío, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo y Ernesto Rangel, directores de Econoinvest,  en esta oportunidad continuo su derecho de palabra Miguel Osio, quien en varias oportunidades afirmó no saber todavía después de dos años y tres meses porque  están  presos  el y sus 3 compañeros.

Dijo Osío , que la Fiscalía General de la República los acusa  de comercializar ilícitamente Divisas, conforme el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios (LCIC) vigente para su momento, es decir, la promulgada en fecha 28 de diciembre de 2007. El otro, es un delito accesorio tipificado como Agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal venezolano vigente.

Explicó Osío, que el artículo 9 tipifica el delito de cambiario a aquel que “compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera, reciba, exporte o importe divisas” sin intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) y en violación de las disposiciones cambiarias. Pero, expresamente, exceptúa de su aplicación las operaciones con títulos valores. Esa es una excepción amplia, sin restricciones, ni da cabida a interpretación alguna. La ley no distingue cual título valor, dice en términos generales “títulos valores”; tampoco especifica la forma jurídica que debe utilizarse para transferir la propiedad de esos títulos valores.

Aclaró que El artículo 2, establece las definiciones que se aplicaran obligatoriamente al texto de la ley y que permiten circunscribir el ámbito de su aplicación. En tal sentido, tiene dos definiciones relevantes: Operación Cambiaria y Divisa. Así, se concreta como deben entenderse estos conceptos, a los fines de evitar interpretaciones erradas. Pues bien, estas definiciones no incluyen el termino “título valor”. Por lo tanto, no se consideraba al título valor como una divisa ni su negociabilidad como una operación cambiaria.

Esta excepción y definiciones se mantienen iguales desde la primigenia ley del 14 de septiembre de 2005, hasta la reforma de fecha 17 de mayo de 2010, posterior a los hechos acusados y, por lo tanto, no aplicable al caso Econoinvest. Esta reforma legal se elimina la excepción y se agregan los títulos valores dentro del concepto de divisa y de operaciones cambiarias. Cambia la voluntad del legislador y si tipifica el delito sobre operaciones cambiarias con títulos valores.

Igualmente dijo Miguel Osío, que la Ley de ílicitos cambiarios (LCIC) surge luego del establecimiento del régimen cambiario, es decir, primero se dictaron los Convenios Cambiarios que regularon el régimen cambiario y las operaciones con títulos valores y, luego, la LCIC regulo el aspecto penal con base a esas normas.

El Convenio Cambiario No. 1 en su artículo 35 y el convenio Cambiario No. 4 en sus artículos 2 y 3, regularon el régimen de venta de dólares con operaciones con títulos valores. Permitían las operaciones en el mercado primario de títulos valores, pero sometían el mercado secundario de títulos valores a la autorización del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante lo anterior, dijo Osío  que  en su exposición oral, la posición de Fiscal Guedez cambia en un 360 grados. Ahora plantea que todas las operaciones realizadas con títulos valores, sin importar cuales o como se realizaban, son considerados como un mecanismo de evasión a la aplicación del articulo 9 de la LCIC: es decir, se cometía un “fraude a la ley” cambiaria al utilizar los títulos valores.

Con este panorama dice Osío , que la excepción prevista en el artículo 9 porque no aplica? O Cuando aplicaría la excepción de los títulos valores? Porque la denuncia de Tomas Sánchez era por operaciones cambiarias sin uso de títulos valor y la Fiscalía desconoce? Como quedan las normas cambiarias que autorizaban el uso de títulos valores? o la opinión administrativa del BCV dirigida a la Asociación Bancaria de Venezuela  y las resoluciones expresas que autorizaba el uso de títulos valores? De ser validado judicialmente su razonamiento jurídico, entonces todas las operaciones con títulos valores que se hicieron durante el periodo 2003 al 2010 serán ilegales y penalmente castigable a quien las haya realizado. En la proximas audiencias continuaran los otros 3 directores exponiendo su defensa.

Fuente 25Segundos:http://www.25segundos.com/?id=9294&ids=1&accion=deta

Caracas Triste

Por Santiago Gamboa

Me gusta Caracas, una ciudad tan disparatada e imaginativa como Bogotá, con un crecimiento abigarrado y caótico que, sin duda, refleja en algo la muy intensa psicología de sus habitantes, sus problemas y delirios.

Pero en estos días de candidatura electoral en Venezuela, pensar en Caracas es algo triste por el singular caso de mis amigos Hernán Sifontes, Ernesto Rangel y Juan Carlos Carvallo, a los que se suma Miguel Osío, detenidos sin juicio desde el pasado 24 de mayo de 2010, un asunto vergonzoso que desde ya pasará a la historia de las grandes injusticias legales del continente.

Para no dejar lugar a dudas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), un órgano de procedimientos especiales de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, determinó desde el año pasado (y así lo expresó en sus decisiones Nº 28/2011 y 65/2011) que la detención de estas personas era ARBITRARIA, y por lo tanto violatoria de sus derechos humanos, en contradicción con los convenios internacionales de la ONU suscritos por el Estado de Venezuela. Por este motivo, el GTDA pidió no sólo la inmediata libertad de todos ellos, sino que determinó que el Estado debía otorgarles una reparación por el mal causado. Pero hasta el momento nada. Silencio. El Estado no responde y ellos siguen recluidos en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), donde fui a visitarlos el pasado mes de noviembre.

Aparte de ser los mejores amigos de la cultura venezolana y sobre todo sus grandes mecenas a través de la Fundación por la Cultura Urbana, que financian desde hace más de 10 años, ellos eran directivos de la casa de bolsa Econoinvest, a través de la cual se vendían títulos valor del Estado, única forma legal para el ciudadano venezolano de adquirir dólares. La acusación fue de “comercialización ilícita de divisas” y, sustentado en eso, “asociación para delinquir”, que en medio del proceso se modificó a “agavillamiento”. Pero los interventores no encontraron una sola transacción ilegal, lo que llevó a concluir al organismo de la ONU que “ninguna de las conductas imputadas se corresponde con los supuestos de hecho de los delitos de los que se les acusa, ni con algún otro delito establecido previamente en la legislación venezolana”.

En fin, como se decía en mi infancia: “blanco es, gallina lo pone, frito se come y huevo se llama, ¿qué es?”. Habría que ser ciego para no ver una sanción política, esa triste realidad que nos lleva a lo más oscuro de la historia latinoamericana y de la que intentamos salir con instituciones sólidas, separación de poderes y democracia. Ahora, en plena campaña electoral venezolana, cabe preguntarse: ¿se le garantiza al ciudadano una justicia independiente?, ¿hay real separación de poderes como en los demás Estados de derecho?

Todos defendemos el principio de la no injerencia, pero dado que ahora Colombia y Venezuela son tan amigas, no estaría mal que Santos, en alguna charla informal, le dijera a Chávez: “¿Por qué no les resuelves de una vez el asunto a esas personas, que tantos amigos tienen en Colombia?”. Porque mientras Hernán, Juan Carlos y Ernesto sigan en los calabozos de la DIM, Caracas seguirá siendo una ciudad triste.

Fuente: El Espectador: http://www.elespectador.com/opinion/columna-370054-caracas-triste

Que Maravilla Cuentas Bancarias en Divisas!... y Las Casas de Bolsas?

Para sorpresas de muchos, el viernes pasado fue publicado el Convenio Cambiario No. 20, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.968, de fecha 19 de julio de 2012. La sorpresa fue doble, por un lado nadie estaba esperando un nuevo convenio cambiario y, por el otro, menos sobre la materia tan delicada como tener cuentas bancarias en divisas extranjeras en el país. Cuando digo que nadie se esperaba, me refiero a nosotros el vulgo normal y corriente. Quizás los cercanos al poder y a los banqueros, si lo estaban.

Así, con este nuevo convenio, firmado por Jorge Giordani y Nelson J. Merentes, se abre la posibilidad, nunca antes vista en Venezuela, de tener cuentas en dólares, euros o cualquier otra moneda extranjera como el Rial iraní, Peso cubano, Rublo bielorruso, el Won norcoreano o la “estable” moneda zimbawense. Pero además de esta posibilidad general establecida para cualquier persona, natural o jurídica, domiciliada o no en Venezuela, existe la posibilidad de que empresas estatales exportadoras vendan sus divisas (un 5% mensual) en el mercado alternativo de títulos valores, hoy manejado exclusivamente por el Banco Central de Venezuela (BCV), a una tasa de cambio superior a la de Bs. 4,30.

Vale recordar que hace mas de dos años se liderizo una cacería de brujas contra el mercado de valores por utilizar un mecanismo legal de operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) para la adquisición de divisas en el país. Operaciones legalmente soportadas en el convenio cambiario No. 4, en las resoluciones del BCV que autorizo los TICC, los Bonos de PDVSA y los Bonos Cambiarios para tal fin (aquí resoluciones http://tl.gd/9uvrcl); así como despenalizada por la propia Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios.

A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía a través de Daniel Guedez, sostiene, aun hoy día, que estas operaciones son ilegales, a pesar de que el consultor jurídico del Ministerio de Finanzas emitió opinión en la cual se sentenciaba, sin duda alguna, su legalidad (ver opinión aquí: http://www.scribd.com/doc/56029412/Econoinvest-OpinionMinFinanzas). Tesis que en estas semanas es objeto de discusión en el juicio que esta asumiendo Econoinvest, en nombre de 3.000.000 de personas que hicieron estas operaciones; así como de los bancos y demás casas de bolsas que operaron con este mecanismo. De prevalecer esta tesis todas las operaciones realizadas con títulos valores, sin importar cuales, o si fue mediante permuta o compraventa, serán ilegales y las partes involucradas podrán ser castigadas penalmente.

Por otra parte, muchas de las empresas del estado durante casi 8 años utilizaron el mecanismo de los títulos valores como medio alterno para enfrentar su situación financiera. Una de ellas fue Petróleos de Venezuela (PDVSA), efectuando la que fuera, en su momento, la emisión mas grande de una empresa estatal en Latinoamérica. Como indicamos antes, con este nuevo convenio cambiario, PDVSA podrá tomar aire luego de dos años de asfixia cambiaria, usando hasta un 5% de sus ingresos mensuales a la compra de títulos denominados en dólares que serán liquidados a un tipo de cambio superior al oficial. Según Asdrúbal Oliveros, socio de Ecoanalítica, el diferencial cambiario permitirá a PDVSA obtener alrededor de 1.385 millones de bolívares extra (unos 261 millones de dólares) en lo que resta de año, para saldar cuentas en bolívares con sus contratistas.

La pregunta fundamental aquí es: Como se puede pretender que el ciudadano común de clase media sienta seguridad jurídica de abrir una cuenta bancaria en divisa en un banco venezolano, cuando hace dos años se arrasó un sector completo de la economía venezolana, el mercado de valores, cerrando alrededor de 80 casas de bolsas, acabando con mas de 5000 empleos y manteniendo preso a 10 personas, por haber utilizado el mecanismo alternativo de títulos valores impulsado por el mismo gobierno, como hoy hace con estas cuentas bancarias en divisas; soportado legalmente con un convenio cambiario que regulaba estas operaciones con títulos valores, como hoy mismo hace el gobierno nacional; y una ley penal que exceptuaba expresamente a las operaciones con títulos valores del delito de ilícito cambiario?

Es que caso un cambio de política cambiaria implica, como sucedió con los títulos valores, meter presos a quienes la hacían legalmente, antes de cambiar las leyes? Quien puede afirmar a ciencia cierta, con la falta de seguridad jurídica demostrada en el caso de las casas de bolsas, que dentro de 6 meses no ocurra algo similar con las cuentas bancarias en divisas? Sugiero que ante cualquier avance en esta materia se levante las acusaciones contra las casas de bolsas, por falso supuesto y atipicidad de los delitos que los acusan, sino nosotros no tendremos garantías frente a las cuentas en divisas.

Estos “acontecimientos” me sorprenden tanto y reflexiono como a veces la realidad nos hace enfrentar la crueldad descarada de sus actos y hechos, frente a una ficción que queda miope y corta en imaginación.

Ricardo Padron
@rodz2058
http://rodz2058.blogspot.com/

Juez condiciona prueba de la defensa en juicio de Econoinvest

14/08/2012 05:29:24 p.m. | Carjuan Cruz.- El informe de antiguos interventores será aceptado por el juzgado 5° de Juicio que lleva el caso de Econoinvest, solo si Nahunimar Castillo, la principal funcionaria, acude a autentificar el documento.

Nahunimar debe autentificar el contenido y la firma del documento presentado por la Fiscalía como prueba complementaria, para demostrar los delitos imputados a los cuatro directivos de la casa de bolsa.

Fue así como el juez a cargo, Rodolfo Romero, resolvió la disputa que se originó entre la defensa y el Ministerio Público cuando los dos fiscales solicitaron la admisión de este informe.

En esta séptima sesión del juicio oral y público, se le dio derecho a los abogados de los directivos para iniciar la presentación de defensa.

Beatriz di Totto, una de las abogadas de la defensa, aseguró que las operaciones hechas por Econoinvest estuvieron enmarcadas en las políticas establecidas por el Banco Central de Venezuela, desarrolladas desde 1998. Por lo que no solamente estaban amparadas por la salvedad que se incluía en el artículo nueve de la Ley de Ilícitos Cambiarios, la cual permitía negociación de títulos en moneda extranjera.

Recordó que todas estas transacciones quedaban registradas en el sistema automatizado del BCV, ente que además tiene rango constitucional. Por lo que la abogada aseguró que las operaciones representaran un ilícitos cambiario.

Fuente: El Mundo Economico

26/6/2012 Los olvidados ejecutivos de Econoinvest Un caso que en medio del torbellino de ilegalidades e injusticias con las que se vive en Venezuela ha quedado prácticamente relegado al olvido Por Mercedes Montero Un caso que en medio del torbellino de ilegalidades e injusticias con las que se vive en Venezuela ha quedado prácticamente  relegado al olvido. Econoinvest  fue la Casa de Bolsa más grande de Venezuela, un país que fue  próspero hasta que llegó al poder un gobernante que  tenía una agenda oculta en la cual estaba formulado como objetivo fundamental, acabar con la propiedad privada y  destrozar simultáneamente al país, hasta transformarlo en una fotocopia de la arruinada Cuba castrista.  Con semejante objetivo a empresas como las casas de bolsa el único futuro que les esperaba era su intervención, y, luego cierre definitivo, sin alguna otra motivación que la de actuar a favor del proyecto político oficialista. Es necesario describir la empresa que era Econoinvest para poder medir la clase de daño causado a la economía nacional, a los inversores, al mercado de trabajo  y a unos jóvenes empresarios, por parte de los representantes de una “revolución” que parece no entender que mientras más prosperidad exista en el país, mayor arraigamiento habrá en su población. Econoinvest  fue fundada por Hermán Sifontes y Miguel Osío en Caracas en 1996, después de la crisis bancaria que llevó al cierre de 14 bancos de larga trayectoria en el mercado. Luego sería  registrada como miembro de la Bolsa de Caracas – en el mismo año. Con una administración excelente logró conquistar el sector y expandirse nacionalmente  hasta  llegar  a ser su empresa líder, con 1000 empleados en nómina y oficinas en Caracas, Valencia, Margarita y  Mérida. Econoinvest  se diversificó al adquirir y fundar otras empresas. En el año 2000   creo la Fundación Cultura Urbana con el fin de promover responsabilidad social, nombrando como presidente de la Fundación al historiador Rafael Arraiz Lucca. En el año 2005 fue fundada Econoinvest Capital Holding Company que pasó a ser  la mayor accionista de Econoinvest; que ese mismo año adquiere Seguros Carabobo, empresa que tenía 16 sucursales en todo el país. En el año 2006, Econoinvest Capital S. A registró sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas  y de paso estimula a sus empleados a adquirir acciones de la Empresa mediante la creación de un Plan Especial de Compra de Acciones por parte de sus trabajadores para que de esa forma pasaran a ser accionistas de las empresas en las que trabajaban. El Plan tuvo una aceptación del 88% por parte de los empleados, lo cual incrementó el número de nuevos accionistas hasta la cifra de 540. La Casa de Bolsa participó en la emisión de bonos de empresas tales como Electricidad de Caracas, Banesco, Banco Mercantil, Banco del Caribe, Intercable, ABN Amo, fue el “Local advisor” de la oferta de bonos de PDVSA en el 2007 (la mayor oferta de bonos corporativos que haya conocido Latinoamérica), además participó en la oferta de CANTV y del Banco de Venezuela. Tales operaciones le valieron la clasificación en el cuarto lugar (4to)   en “Latin American Capital League Tables de Bloomberg – 2007. Además, debido a su estricto apego a las reglas y procedimientos de los mercados de capitales y su cumplimiento de las leyes que rigen las operaciones, la  casa de Bolsa Econoinvest  obtuvo la acreditación dada por ACAMS (International Association of Anti – Money Laundering) en el mismo Año. En el 2009 la Kroll International Agency para el Anti-Money  Laundering le hizo un reconocimiento oficial a Econoinvest por su trabajo, llegando a ser una de las pocas instituciones financieras venezolanas que ha obtenido tal reconocimiento. El 25 de Mayo, 2010, la Superintendencia Nacional de Seguros suspendió las operaciones de Econoinvest y otras 36 casas de bolsa, así como también cerro el mercado de aseguradoras para  otras 70 firmas. Los ejecutivos de Econoinvest Miguel Osío, Herman Sifontes, Juan Carlos Carballo y Ernesto Rangel fueron hechos presos sin razón alguna,  sin embargo han sido acusados de presunta “comercialización indebida de divisas y agavillamiento”, han  estado encarcelados durante dos años, y, estuvieron esperando casi un año completo para que la sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia decidiera si admitía o no la solicitud introducida por sus defensores por supuestas irregularidades en el proceso judicial en su contra. El Lunes 25 de Junio de 2012,  se dará inicio al juicio contra los ejecutivos de Econoinvest. Estos jóvenes profesionales no han cometido delito alguno, simplemente representan la contradicción a un mezquino proyecto político que no soporta ver el profesionalismo y éxito empresarial, porque demuestra evidentemente el anacronismo y la sinrazón oficialista. El simple hecho de que alguien sea exitoso es un delito para  la revolución o Socialismo del Siglo XXI Para la revolución, es necesario destruir todo el progreso, confiscar la propiedad privada (siempre que no sea la de ellos) , dejar a todo el pueblo en la miseria para luego re fundar el país aplicando la ideología  Castro comunista y hacer de Venezuela una Venecuba, igual a la Isla cárcel.

Primeros interventores de Econoinvest bajo cuatro denuncias

El Mundo Economico:

06:49 a.m. | Carjuan Cruz.- Los primeros interventores de la casa de bolsa Econoinvest tienen cuatro denuncias en la Fiscalía, y una de estas fue abierta por un oficio que hizo llegar al Ministerio Público el ministro Jorge Giordani.

Esto fue señalado por la defensa técnica de los cuatro acusados de Econoinvest en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Quinto de Caracas.

Según explicó en el acto Beatriz di Totto, una de las abogadas, aparte de estas denuncias que reposan en el Ministerio Público, también hay otro procedimiento abierto en la Contraloría General de la República por la operación hecha por los primeros interventores -y luego liquidadores- Nahunimar Castillo y Orangel Godoy en noviembre de 2010, en la que se vendieron 60 millones de dólares en Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) días antes de la devaluación, lo que generó una pérdida patrimonial a la empresa.

También se suma la publicación de un aviso en prensa con notificaciones a clientes, el cual costó alrededor de dos millones de bolívares; además de la contratación del padre de Castillo para que trabajara en una oficina "cerrada" de Econoinvest con el fin de pagarle al año lo correspondiente a prestaciones con dinero que provenía de la masa de liquidación.

Los señalamientos de la defensa en cuanto a las denuncias sobre Castillo y Godoy en el Ministerio Público se deben a la petición hecha por los representantes del Ministerio Público que solicitan se admita el informe final de la liquidación hecha por estos primeros interventores como una prueba complementaria al proceso de acusación.

Aunque la defensa señaló que no se oponía a la admisión del informe, reiteró su solicitud para que los autores del documento acudieran a la sala como testigos, en función de ser interrogados tanto por la defensa como por la Fiscalía, y hasta el juez Romero.

El fiscal Guédez manifestó desacuerdo con que Castillo y Godoy acudieran a la sala como expertos, pues aseguró que no lo eran. A lo que la defensa reiteró que podían acudir como testigos por haber hecho el informe, o como expertos por haber sido designados interventores.

Señalaron que si la Fiscalía no los considera especialistas en esa materia, tampoco el informe presentado podría tener valor.

El juicio oral y público continúa el próximo martes 7 de agosto, cuando se espera que el juez Romero informe sobre su decisión en cuanto a la admisión del informe de Castillo y Godoy, y también sobre la solicitud de la defensa para que estos ex interventores acudan a atestiguar.

Econoinvest: Segunda Jornada Judicial

17/07/2012

En el segundo día del juicio del caso Econoinvest, el fiscal Daniel Guédez insistió en que las operaciones hechas por esta casa de bolsa, se realizaban con la finalidad de conversión y no de inversión.

Según Guédez, las emisiones que el Gobierno hacía de títulos valores en moneda extranjera no se hacían para darle liquidez a estas operaciones, sino con el único fin de conseguir financiamiento para proyectos del Estado.

Cuando habla de conversión se refiere al uso de los títulos para obtener dólares a través de los bolívares, mecanismo especificado en la excepción del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios sobre las operaciones con títulos valores.

También afirmó que, aunque en efecto las casas de bolsa sí estaban participando en un mercado alternativo porque había títulos de por medio, dice que eso no comulga con lo que promocionaba Econoinvest que era la inversión a largo plazo, sino que era simplemente para la adquisición de divisas.

Guédez afirmó que el uso de estos títulos en la conversión de monedas, provocaba “el alza artificial de la divisa”, lo que ocasionaba un efecto inflacionario. Agregó que si a las operaciones que realizaba Econoinvest se les quitara la figura del título, quedaría como una operación pura y simple de compra y venta de dólares.

El dispositivo de seguridad en esta segunda sesión del juicio es más estricto con máquinas detectoras de metal a la entrada del pasillo que da a la sala, que esta vez es más amplia. Público asistente (madres, esposas, exempleados, entre otros) tuvieron que ser requisados si deseaban entrar.

En esta segunda sesión solo dio tiempo para que el fiscal Guédez continuara con la presentación de la acusación. Ni los abogados defensores, ni los acusados tuvieron el derecho a la palabra.

Después del receso, Guédez, entró en materia jurídica, citó el artículo 9 de la ley de Ilícitos Cambiarios nuevamente y el de agavillamiento. Pero además trajo a colación las razones de la creación de la normativa en 2008, en donde se especifica que esta regulación buscaba la estabilidad de la economía nacional. También acudió a los artículos 299 y 112 de la Constitución Nacional, que refieren a ese mismo propósito.

Bajo ese marco legal, el representante del Ministerio Público aseguró que Econoinvest afectó "bienes jurídicos", enumerados como: el control de cambio, la estabilidad económica, y el derecho al acceso a bienes y servicios a precios justos.

Con teorías de derecho moderno europeo, el fiscal Guédez relacionó el caso con las tesis de dominio de hecho, que ejemplificó con la película Juego de Miedo (en inglés Saw).

(El Mundo Economico.17/07/2012 07:42:39 p.m. | Carjuan Cruz)

Conozca los detalles del primer día del juicio de Econoinvest

Conozca los detalles del primer día del juicio de Econoinvest


En el piso 5 del Palacio de Justicia abogados, familiares y amigos de los cuatro acusados por el caso Econoinvest esperaban mucho antes de las 9:30 de la mañana, hora pautada para el inicio del acto.

Ya no había duda, ésta vez sí iniciaría el juicio, y no se suspendería como ocurrió cuatro semanas atrás. En esa oportunidad en el juzgado no hubo despacho, porque el juez que estaba a cargo en ese momento renunció.

Ahora la situación era diferente, el Tribunal Quinto de Juicio sí tendría despacho ese día, el fiscal principal del caso, Daniel Guedez estaba en el lugar, y el juez encargado ahora, Rodolfo Romero, también. Una hora después de la pautada para el acto, le comunicaron a la defensa que el juicio sería en la sala oeste del piso tres y, aunque los abogados bajaron discretamente y sin avisar, en unos segundos todos los familiares y amigos que acudieron a apoyar a los acusados estaban en esa puerta.


La alguacil pidió a todos que se alejaran de la entrada de la sala, por lo menos hasta que estuviera lista para el acto. Y así lo hicieron. En aquel salón solo había dos banquetas de máximo cinco personas en cada lado de la audiencia. Lo que hacía imposible que todo el público pudiera entrar. El personal del juzgado solicitó dos banquetas más.

- “Sólo entraran entre 20 y 25 personas como público”, dijo la alguacil.

La organización entre todos los que estaban presentes llegó inmediata y espontáneamente, entre ellos resolvieron que serían cinco personas por cada uno de los directivos, además de los periodistas.

Con cédula en mano, cada uno pasó a anotarse, y dejar la pila de los móviles a los policías como norma irrefutable. Faltaba poco para que comenzara el acto.

Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel entraron por las escaleras del pasillo, a las 11:20 de la mañana, justo al lado de la entrada de la sala oeste. Tenían ya tres horas esperando en los sótanos del Palacio de Justicia. Los recibieron gestos, besos, y bendiciones de los familiares.

Adentro ya estaban listos, con toga puesta, los abogados defensores, Luis Manuel Valdivieso, Luis Ignacio Ramírez, y Beatriz di Totto, y los dos fiscales del Ministerio Público, Daniel Guedez, y Marvila Araujo.

El público entró a la sala justo después de los acusados, para esperar al juez en el salón. En esa hora previa, el representante principal de la Fiscalía, Guedez, hacía sus últimos ajustes a la exposición de motivos de la acusación; interrumpió su preparación, se quitó la toga y salió del salón. Después de unos minutos volvió a entrar, continuó chequeando sus dispositivas en la laptop, pero de nuevo se quitó la toga otra vez y salió por segunda ocasión, en unos minutos ya estaba de vuelta. Hablaba con tres funcionarios del Ministerio Público que también estaban presentes en la sala, pero como audiencia, entre ellos Alejandro Castillo -ascendido en enero de este año por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, como director general contra la Delincuencia Organizada-, quien fue, según sus palabras, a darle “apoyo a los muchachos (los fiscales)”.

La acusación

“Todos de pie”, pide la alguacil. Rodolfo Romero entró, erguido, viendo al frente y sin voltear a los lados. Es el juez quinto de control, el que desde hace dos semanas tiene el caso, y el que deberá decidir, después de escuchar a las partes, si los directivos de Econoinvest son culpables de comercialización ilícita de divisas, y de agavillamiento.

Romero da dos horas para esa primera sesión que comenzó a las 12:35 pm, y le da la palabra -como establece el proceso- al representante del Ministerio Público. Pero en el lado de los acusados una mano se levantó, era la de Ernesto Rangel. Le pide al juez que le permita leer una oración, la que hicieron los familiares y leyeron un día antes en una vigilia, y Romero se lo concedió.

- “Pido porque los poderosos se ablanden ante la injusticia”, fue una de las plegarias.

Hubiese comenzado entonces la presentación de Guédez (Fiscalía) , si la defensa no hubiese pedido la palabra. Pidió que se evaluaran las medidas cautelares que estaban sin decisión. Romero indicó que podía dar 10 minutos para escuchar los argumentos de la defensa, pero al oír el desacuerdo del fiscal, negó la solicitud.

Y así comenzó el representante de la Fiscalía a presentarle su acusación al juez, a través de láminas con vídeo beam. Primero una introducción, después un listado de conceptos básicos, una cronología del caso y luego ejemplificaciones de las operaciones. Retrocedía una lámina –o varias- si creía necesario reiterar algo. Y con parsimonia explicaba cada punto. Preguntaba al juez si entendía, pero Romero ni negaba ni asentía.

No escatimó en pedir al juez que pidiera a la audiencia en la sala, a los abogados, o a los acusados dejar los murmullos, pues entorpecían, según él, el debido proceso del acto solemne. Y Romero pidió silencio, aunque aclaró que él no había escuchado nada. Inmediatamente la abogada di Totto le consultó al juez si eso significaba que tampoco entre los abogados defensores, y los acusados podían intercambiar comentarios en baja voz. A lo que el juez señaló que no había que exagerar.
La defensa solicitó la palabra para corregir una de las explicaciones hechas por el Ministerio Público, fue concedida; luego uno de los acusados pidió un segundo permiso para corregir una segunda afirmación del fiscal, pero el juez solicitó que no se hicieran más interrupciones, sólo permiso para ir al baño.

Dos horas después de que comenzara la presentación del fiscal, el juez Romero dio un primer receso para almorzar. Las madres, esposas, y otros familiares se organizaron, trajeron sándwich para los detenidos, y para los funcionarios policiales de la Dirección de Inteligencia Militar (Dim) que los custodiaban. Repartición de café, jugo, agua.

“Todos de pie”. Entraría el juez otra vez.

El fiscal miró su presentación y reanudó sus explicaciones, resumió lo ya dicho, pasó unas láminas más, para entrar luego en materia jurídica. La ley Contra Ilícitos Cambiarios anterior, su artículo nueve, que indicaba cuáles eran los ilícitos cambiarios, y su salvedad.

“Se exceptúan las operaciones con títulos valores”, dice esa última línea del artículo nueve de la Ley contra Ilícitos Cambiarias que estuvo vigente hasta mayo de 2010.

Pero para el fiscal la norma no era suficientemente específica, el hecho de que la excepción no definiera cuál era la finalidad de la operación hacía de las transacciones hechas por Econoinvest un ilícito cambiario.

La defensa no tardó en pedir la palabra de nuevo. Y el juez accedió, pero antes hizo una advertencia.

- “Si el fiscal está diciendo algo errado, un disparate, algo sin sentido, anótenlo y lo dicen cuando tengan el derecho de palabra”, dijo.

Pero luego vino una tercera corrección por parte de la defensa, y una cuarta de la voz de los acusados. Por lo que el juez amenazó con suspender el acto si volvía a suceder.

Minutos después Herman Sifontes levantó la mano. Las madres en el público suspiraron, abrieron más los ojos, y pusieron todas las miradas hacía el juez. Pero sólo era para ir baño, y la solicitud provocó que Romero diera un nuevo receso de diez minutos.

Sifontes, junto a Miguel Osío, y Ernesto Rangel fueron trasladados al baño, las voces entre el público interrumpieron el silencio en la sala. Los familiares también salieron para intercambiar opiniones sobre lo que estaba diciendo el fiscal.

Ya de nuevo en el salón, el fiscal Guédez retomó por tercera vez su presentación. Pasó a mostrar un esquema de las operaciones hechas por Econoinvest, en donde sólo mostraba los traspasos en dinero de las operaciones y no los títulos que se utilizaban para estas transacciones. Luego los incorporó para incluir dos nuevos elementos, la especulación en la operación, y su incidencia en la inflación.

“Falso, eso es falso”, decía en voz baja Osío.

Para el fiscal Guédez, el título no podía ser vendido inmediatamente por el comprador -aunque no señaló que normativa legal impedía esa acción-. Alegó que en un día ese certificado era comprado a un precio, y luego revendido en otro.

Mostró una transacción con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), en donde Econoinvest compraba al valor del bono en bolívares en ese momento, y luego lo vendía el mismo día a un precio nominal menor.

Y, hasta ese punto, el mismo fiscal ratificaba que sí hubo títulos en las operaciones hechas, aunque al principio de su presentación, dijo que la investigación de la Fiscalía comenzó por la denuncia hecha por Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia de Valores (antes comisión), que se centraba en acusar operaciones en divisas, sin títulos valores de respaldo.

Cuando el juez concluyó el acto, Guédez no había terminado, todavía le falta por lo menos un día más para llegar a la última lámina de su documento, según él mismo dijo. Romero dio fecha para el próximo 17 de julio, a las 9:30 de la mañana, y propuso realizar las audiencias martes y jueves.
Sifontes, Carvallo, Osío y Rangel, salieron de la sala, con los custodios a los lados, alzaron sus manos para decir adiós, y partieron de nuevo por las escaleras. El juicio apenas comienza.

El Mundo, 14/07/2012, Carjuan Cruz, enlace al original 

Moreira, Econoinvest y Honestidad

Desde el inicio del caso de Econoinvest, tanto la arbitraria e ilegal detención de sus directores, como la intervención y proceso de liquidación de esta empresa, me he preocupado por hacer un seguimiento de cerca de sus vicisitudes.

De ese seguimiento, a los fines de llamar la atención de las autoridades, he dejado constancia por escrito de las irregularidades jurídicas y administrativas que se han venido aflorando tanto en el proceso judicial penal como en la gestiones de los interventores que han sucedido en la dirección del proceso de intervención y liquidación.

Dejé constancia de los actos irregulares perpetrados por los iniciales interventores de Econoinvest, Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y Orangel Godoy.

Incluso, los accionistas minoritarios, empleados y ahorristas alzaron la voz ante estos interventores descarriados, presentando por escrito denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y ante la propia Superintendencia Nacional de Valores. Denuncias que no pareciera generar mucha motivación de investigación en los referidos organismos. Pero sin duda, motivaron claramente al ministro Giordani a instruir un cambio inmediato de estos interventores, más aun, cuando la prensa se hizo eco de los desafueros económicos acometidos por los protegidos de Tomas Sánchez, actual presidente de la Superintendencia Nacional de Valores. Este último, se vio compelido a quitarlos del cargo y nombrar al enviado del ministro, el señor Víctor Moreira.

Con la incorporación de este nuevo personaje a esta triste historia de injusticias, humillaciones y corrupción de funcionarios públicos y abusos de poder, sentimos que podría haber un poco de esperanza y se lograra justicia para los ahorristas, empleados, accionistas minoritarios e incluso a la cultura, porque los anteriores interventores además decidieron convertirse en inefables carceleros de 45.000 libros de la Fundación para la Cultura Urbana.

Así, escribimos un artículo llamado "Rectificación en Econoinvest", dejando constancias de los avances que el nuevo y ahora, ex interventor de Econoinvest, Víctor Moreira, había alcanzado.

Víctor Moreira por razones personales, se retiró de sus funciones en Econoinvest, pero salió por la puerta grande y con mi más profunda admiración.

Víctor Moreira logro en 4 meses lo que Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y Orangel Godoy, bajo la mirada complaciente de Tomas Sánchez, no hicieron en 18 meses de gestión. Pagó los ahorros, en la moneda correspondiente, a los 4.072 clientes, naturales y jurídicos, que tenían represado sus inversiones allí, sin que el Gobierno nacional tuviera que poner ni medio. Liberó de su absurdo encierro los 45.000 libros de la Fundación para la Cultura Urbana, los cuales podemos conseguir a precios extraordinarios en las librerías del país. Atendió, profesionalmente y sin humillaciones o "coimas", las peticiones de los empleados de retirar sus enseres personales; así como el pago de sus prestaciones, que despiadadamente fueron retenidos por los interventores anteriores.

Pero además, para que su sucesor no inventara mucho, dejo públicamente sentado que "después de cancelarle a todos los acreedores, la empresa sigue con un patrimonio sólido. De hecho, ahora la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) debe crear un fideicomiso con los recursos que quedaron en la compañía. Se trata de un fondo millonario, pues solo en bienes se registran Bs. 100 millones… "La empresa, patrimonialmente, todavía quedó con mucho dinero y muchos activos".

Ahora la batuta la tiene un abogado de profesión, actual consultor jurídico de la SNV, Julio César Suárez, seguramente mano derecha de Tomas Sánchez, lo cual nos pone en alerta, por los antecedentes de los tres nefastos del patíbulo. La tarea de este nuevo liquidador es sencilla, no tiene que tomarse mucho tiempo. Debe pasar los activos, a saber: inmuebles, bolívares y dólares a un fideicomiso, para que de esta forma los accionistas y posibles acreedores que no hayan sido ubicados, puedan tener su patrimonio garantizado bajo esta figura. Frente a su actuación en Econoinvest, tengo fe que me tocará escribir un artículo similar a este y no en el tono que debí hacerlo con los tres anteriores.

Este artículo va para Víctor Moreira, que me recuerda una frase del presidente Chávez quien dijo que en su Gobierno existían funcionarios corruptos, que como vientos oscuros, movían los molinos corroídos de la corrupción. Pues bien esos vientos y molinos están identificados en este caso. La actuación de Moreira los hace más visibles, más claros, los dejan sin coartadas y le ponen al doctor Suárez un traje a la medida y un estándar de profesionalismo a emular. ¿Qué hará el Gobierno frente a ello? ¿Deja impune la corrupción y castiga la honestidad?

Jorge Luis Borges escribió "cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es". Son esos segundos, quizás 20, quizás menos o tal vez más, en la cual tomamos una decisión definitiva que nos da el carácter de quienes seremos para siempre. No creo que la actuación de Moreira en Econoinvest sea la que lo marcó. Fue mucho antes en su pasado. Pero ese momento, hizo que su actuación en Econoinvest fuera justa.

El Expedito "Retardo" de la Justicia

“La Libertad, Sancho,
es uno de los mas preciosos dones que
a los hombres dieron los cielos;
por ella se puede y debe aventurar la vida…”

Cervantes

 Toda sociedad definida como civilizada y democrática se sostiene sobre ciertas columnas que le permiten a sus habitantes convivir en un entorno de armonía, solidaridad y respeto que, sin duda, comporta para esa sociedad el desarrollo social, económico y cultural, que le permite surgir, mejorando su calidad de vida y sus expectativas.

El articulo 2 de la Constitucional de Nacional (CN) es muy preciso al señalar que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” y antepone “la vida, la libertad, lajusticia… y en general, la preeminencia de los derechos humanos…”, como valores superiores de su ordenamiento jurídico.

Y sin duda esto debe ser así, por que una de las columnas fundamentales de una sociedad sana es su imparcial Sistema Judicial. En Venezuela, nuestro Poder Judicial luce maravilloso, pero parece que solo en el ingenuo texto constitucional. Señala que es un poder autónomo, independiente, solo obligado a colaborar, pero no ha someterse a los designios, buenos o malos, de las otras ramas del Poder Nacional, incluyendo al Presidente.

Siguiendo la letra de nuestra Carta Magna, el juez, figura llamada a personificar ese sistema judicial e impartir la Justicia tan anhelada, se le impide, con el sagrado objetivo de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones,“llevar a cabo activismo político partidista”. Pero además, pregona que el “Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

Que sabiamente escribimos nuestros principios fundamentales para convivir dentro de nuestras fronteras, y como luego, insensatamente, nos empeñamos en desatender lo escrito y, mas aun, hacer lo contrario y seguir inmutables y, a la vez, impunes ante ello. A veces la realidad que nos enfrentamos al pisar un tribunal penal o un centro de reclusión, nos hace sentir estas máximas comoruidosas carcajadas irónicas de unos Nerones y Calígulas, gordos y cirrosos, que se sentaron un día en unos curules, se rascaron con “anís del mono” y redactaron la constitución para eso: burlarse de un país y sus habitantes. O es al revés, los que aplican las leyes son esos Nerones y Caligulas, gordos y cirrosos? Aponte Aponte? Robinson Vazquez?

De todas esas irreales características resaltadas del texto constitucional, quisiera dedicarme a la: “expedita, sin dilaciones indebidas…”. Uno de muchos problemas que tiene nuestro sistema penal es su retraso o “retardo” procesal. En un juicio mercantil o civil el retraso es también parte de la rutina procesal, pero nunca es tan perjudicial como en los procesos penales. En estos últimos, el “retardo” procesal es una ofensa terrible e irreparable a una persona, porque restringe un derecho fundamental, integrante de un conjunto llamado Derechos Humanos, y que nuestra constitución exalta: “Libertad”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7.5, consagró “el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable“.

Así, por mandato constitucional, la “libertad personal es inviolable”, así como nadie puede ser detenido sin orden de un juez, a pesar de este principio, los cuatro directores de Econoinvest fueron detenido sin orden judicial. Además, es un principio constitucional que la persona sea juzgada en libertad y solo excepcionalmente se le prive de ello. Pareciera que en la practica existiera dislexia interpretativa, porque lo excepcional es un juicio en libertad. Y, para mas aberración, cuando se otorga una boleta de excarcelación por un tribunal de la Republica, los órganos de custodio no liberan a la persona, sino que es obligada a trasladarse al centro de reclusión, manteniéndolo “retenido o secuestrado” hasta que sea ratificada por el poder ejecutivo. Este procedimiento de facto se instauro luego del famoso caso Cedeño/Afiuni. El poder ejecutivo por encima del judicial.

A principio de este año, declaraba la ministra Iris Varela que en Venezuela tenemos una población penal de 45.000 personas privadas de libertad, donde solo el 40% ha recibido una sentencia condenatoria, el resto tienen, en promedio, 2 años presos sin ser juzgado. En otras palabras, el 60% restante, 27.000 personas, algunas seguramente inocentes, están presas en nuestro país, sin juicio o condena, debido a un Poder Judicial con “retardo” de 2 años, muchos cumpliendo una pena sin merecerla en el inframundo penal venezolano (en este porcentaje están los cuatro directores de Econoinvest próximos a cumplir 700 días presos sin juicio). Por su lado, la Fiscalía General de la Republica dejo en evidencia, en reciente declaración, que solo “8 de cada 100 aprehendidos, por estar presuntamente implicados en la comisión de algún delito, quedan en libertad, mientras los expedientes se acumulan en las fiscalías.” Quien repara el tiempo de penas cumplidas de personas inocentes, sin juicios ejecutados ni condenas impuestas? No solo quien se encarga de hacer justicia y juzgar imparcialmente, sino además, quien responde el daño ocasionado a esta persona y familia? A la sociedad que no cree en sus sistema penal y le tiene miedo? El Presidente conforme el articulo 232 de la CN?

Monguilod señalaba muy certeramente que “la bondad de una democracia no se mide solo por la bondad de sus escuelas, sino sobre todo por la de sus cárceles”. Este gobierno perdió su humanidad. El Padre Olaso decía que impartir justicia con retraso es injusticia. En nuestro país la implementación de la justicia es una mascara triste en un carnaval en retirada, donde solo queda el maquillaje corrido, el sabor a alquitrán y licor, y un sol ardiendo en la mirada que nos obliga a bajar la cabeza y ver solo el suelo sucio que ha quedado a su paso.

Doy por ciertas las palabras de Javier Cerca: “las cárceles están llenas de personas como Ud. y como yo, cualquier esfuerzo es poco para no pasar una noche en un sitio así…” Por ello y, frente al “retardo” judicial, los inocentes prefieren declararse culpables. En el periodo 2010-2011 se declararon culpables 11.936 acusados (75,55%) y solo el 22,10% tuvo un juicio. El primer consejo que un abogado le da a su defendido: Declárese culpable que es mas rápido! Reflejo de nuestra desmoralizada justicia.

Leí en algún lugar que “a la Justicia le gusta que la toquen, que la mejoren pero nunca que la violen.” Ojala recuperemos la moral de los llamados a impartir la justicia en nuestro país y no sigan impúdica y sistemáticamente violándola. Sin duda, a la justicia en Venezuela la doblego el poder político, haciéndola injusta, pero debemos restaurar su hegemonía si queremos surgir como sociedad. Sin justicia no hay libertad, sin libertad, la vida se reduce a un devenir insípido y sin sentido.

La detención injusta de una persona no solo la sufre ella, sino también sus hijos, esposa y padres, en fin la sociedad en si. Cuando le toque sufrir la injusticia que sufre hoy su vecino, ya será tarde para evitarla. Le tocara esperar que alguien no actúe como usted y si reaccione ante la suya. Confucio señalo que “Ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor.” Donde quedo nuestro valor? Que hacemos como colectivo frente a esto? Como quedan los jueces que la materializan con su “retardo”?

La Apertura del Año Judicial. Apertura de la Justicia en Caso Econoinvest.

Se especula sobre los cargos que mantienen detenido, injustamente, a directores de Econoinvest Casa de Bolsa: Inflación? Subida del Dólar? Usurpación de Identidad? Operaciones Cambiarias ilegales? Esa fue la intención de los interventores destituidos que pretendieron culpar de todo ello a directores y vicepresidentes de la empresa. Fueron acusaciones sin bases, difamaciones flagrantes.

Revisando la acusación realizada contra directores de Econoinvest y la decisión del Juez Robinson Vázquez, en la cual acuerda la apertura del juicio oral y público (pueden verla en aquí http://bit.ly/ixBulR), se aprecia que fueron acusados por comercialización Ilícita de Divisas y agavillamiento, (aquí análisis de este delito http://bit.ly/uOlw73). No existe a la fecha de esta publicación ninguna otra acusación.

Todo se inicia con denuncia de Tomas Sánchez, presidente de la actual Superintendencia Nacional de Valores (SNV), en la cual indicaba que unas casas de bolsas, señaladas expresamente en su denuncia, hacían operaciones cambiarias sin la intermediación de títulos valores (aquí denuncia http://bit.ly/jHn4qv). Econoinvest no forma parte de esa denuncia, pero es mas, la base de la misma era por operaciones cambiarias sin uso de títulos valores. La Ley Contra Ilícitos Cambiarios (LCIC), artículo 9, preveía el delito de comercialización ilícita de divisas, pero exceptúa las operaciones con títulos valores. El artículo 35 del Convenio Cambiario No. 1 y los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiario No. 4, regulaban la venta de dólares por medio de títulos valores, tanto en el mercado primario como secundario, siendo que este ultimo requería autorización del Banco Central de Venezuela (BCV), quien procedió a autorizar el uso de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC), bonos de PDVSA y Bonos Cambiarios. (Aquí resoluciones http://tl.gd/9uvrcl).

Todo lo anterior fue demostrado ante el Juez Vázquez, hoy el mismo juez del caso Dra. Afiuni. Así, en la decisión de Econoinvest reconoce: 1.- Que uso títulos valores (TICC); 2.- Que los mismos se transferían por el sistema del BCV, diseñado para ello; 3.- Que la Ley prevé la excepción de los títulos valores para realizar operaciones cambiarias; 4.- Que Econoinvest realizo todas sus operaciones con los soportes documentales y económicos respectivos.

A pesar de estos, el Juez plantea que eran ilegales: (…) “un engaño, la realización de operaciones con títulos valores permitidos por la ley, pero que su esencia o finalidad era de vender, comprar, enajenar, transferir y recibir divisas, daba apariencia de licita aquellas operaciones permitidas pero con fines ilícitos, en franca violación al artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios (…)”. Nos preguntamos: y la excepción prevista en ese artículo porque no aplica o como se interpreta según el? Cuando aplicaría para el Juez la excepción de los títulos valores? De ser cierto su razonamiento, las permutas de títulos valores también engañaban a la ley? Les tocara a los que hicieron permuta estar presos también?

Nos extraña una reciente Resolución del SNV, Nº 183, publicada en la Gaceta Oficial Nº 388.743 del 17/19/2011, (aquí el link, pags 17 y ss.  http://t.co/K2LAPw1i) donde solo sanciona con una multa a una casa de bolsa que hizo operaciones cambiarias sin títulos valores, en la misma fecha que fueron las operaciones con títulos valores que usaron para detener y mantener detenidos las personas de Econoinvest, cuando la denuncia de la SNV era por no usar títulos valores. No suspendieron la casa de bolsa, no la intervinieron, sigue operativa. Solo una multa?

Sin duda, este proceso nació torcido, y en la medida que avanzaba, el absurdo fue creciendo. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia, ante tanta irregularidades y vicios, decidió avocarse en este caso para buscar solventarlas. Estamos esperanzados que con la apertura del año judicial, se de paso a la justicia que merece ser aplicada en el caso Econoinvest y que esta institución judicial no continúe ni permita que continúe estos atropellos jurídicos cometidos hasta ahora.

Ricardo Padrón

@rodz2058

http://rodz2058.blogspot.com/