La elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos no es como dice en sus declaraciones el embajador de Chávez ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Valero, de que es “una demostración de fortaleza de la revolución y que ésta se ha convertido en una referencia mundial de la justicia en el mundo”, ni producto de “las muy exitosas” políticas del Gobierno actual para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Ninguna de esas premisas ha sido reconocida con esta elección. Es simplemente el resultado de negociaciones políticas, intercambios de votos y acomodos de los grupos regionales, como es el caso del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) dentro de la ONU.
Venezuela, y Estados Unidos -que por cierto también salió electo en esta oportunidad- fueron los únicos países que en 2006 votaron “en contra” de la creación del Consejo de Derechos Humanos. La participación de Estados Unidos en este foro es comprensible pues, como miembros permanente del Consejo de Seguridad, tiene como política pertenecer a todos los órganos, principales y subsidiarios de la ONU.
Pero en el caso de Venezuela es, al igual que otros países con gobiernos del mismo corte, un asunto político. Su intención es ostentar un puesto en el Consejo para seguir “vendiendo” su fachada democrática y su “legitimidad” dentro de la comunidad internacional. Vemos el caso de Cuba, que acaba de concluir su período en dicho Consejo, y como en esta oportunidad entraron -además de Venezuela- Etiopía, Gabón, Costa de Marfil, Kazakhstan, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos, países con serios cuestionamientos a su democracia y a la protección a los derechos humanos.
Lo único positivo que se puede sacar de esta elección de Venezuela es que, ante el retiro de del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, todas las denuncias serán llevadas al Consejo de la ONU y desde allí tendrá el gobierno que ver como defiende lo indefendible. Se han ignorado varias recomendaciones de los Estados miembros de la ONU como las de Noruega, Suiza, Reino Unido y República Checa para que se mejoren las condiciones de las infernales prisiones venezolanas o de los detenidos en condiciones violatorias de sus más mínimos derechos, con el acoso grosero de autoridades policiales, militares y judiciales como es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y los directivos de Econoinvest.
Ahora que se negocia una amnistía a los presos políticos ojalá que Chávez se conmueva y recuerde el indulto que le otorgó el presidente Rafael Caldera el 26 de marzo de 1994. Obras son amores y no buenas razones, dicen…
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