¿Y la presunción de inocencia? (Econoinvest)

por Leonardo Palacios Márquez

A Miguel Osío Zamora, Director de Econoinvest, 

a quien le invirtieron la presunción... 

El hombre en su afán de vivir se vuelve egoísta, transforma la cotidianidad del instante en una vacuidad del ser en que solo le importa aquello que puede serle útil o cree, falsamente, que le da utilidad. Egoísmo puro.

Un egoísmo que aísla, que hiere cuando olvidamos a quienes nos rodean, que congela la calidez de lo fraterno y se convierte en ponzoña destructiva.

Es necesario hacer un alto, elaborar un balance de lo vivido, sacar el activo de lo extraordinario que nos deja la interacción abierta de quienes aún, en lo pasajero del momento y en la fugacidad de la existencia, nos dejan una impronta. También tratar de determinar el pasivo corrigiendo errores, la dejadez que da el olvido o la indiferencia ante quienes ese egoísmo del diario vivir se ha quedado en un rincón careciendo que a nosotros puede sobrarnos.

En ese balance surge como una de las partidas de la contabilidad de mi vida, un amigo: Miguel Osío Zamora: un venezolano emprendedor, reconocido mecenas, respetado en el vertiginoso y global mundo del mercado de valores, hijo que con pasión noble hace llevadero a sus padres la intranscendencia de la ausencia que hacia ellos siente los hijos en su despegue del hogar; padre denodado que carece hoy de lo que usted y yo tenemos: libertad.

Un venezolano víctima de la violencia del Estado, objeto de la razzia a las que el poder deslegitimado en el ejercicio suele acudir para garantizar la más abyecta sumisión o dirimir las contradicciones en su seno.

Una libertad que le ha sido arrebata por rábulas del derecho, tercamente negada por quienes espantan la justicia del templo de la legalidad y obstinadamente obstaculizan su ejercicio por la manipulación de los valores que la hacen derecho esencial del hombre y combustible de la dignidad.

En la audiencia del pasado martes 23 de agosto, transcurrida en el juicio a "los directores de Econoinvest", en el cual la legalidad pisoteada es una excusa, donde la justicia un títere que pretende infructuosamente justificar el arrebato de la libertad, Miguel se dirige al juez de la causa, "en nombre de (sus) hijos Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro".

Miguel, en el respetuoso y nada altivo leguaje de un elegante litigante y curtido respeto al Estado de Derecho, seguro de la inocencia que todos le reconocemos, increpa al juez en relación con la función de las leyes y le manifiesta: "Las leyes tienen como objetivo darle al ciudadano seguridad jurídica y darnos la certeza de andar dentro de los parámetros de la legalidad. Eso no puede ser solo una sensación, tiene que ser una realidad concreta y material"

Miguel Osío, en su exposición fundamentada en el ordenamiento jurídico, sin recurrir a "interpretaciones melcochas" o acomodaticias, advierte el riesgo para la sociedad y la indignación que causa la conducta de quienes incentivan la violación del contenido y espíritu de la ley "con falsos argumentos y teorías que, como "gandola jurídica", arremete contra su espíritu y los principios fundamentales de legalidad, tipicidad e inocencia que sustentan el sistema penal y judicial".

Como abogado y profesor universitario, coincido con Miguel cuando afirma que "la mejor defensa que tiene la sociedad es la solidaridad contra los abusos de poder que surgen de la injusticia y las arbitrariedades. Una sociedad que vive bajo los parámetros de inseguridad jurídica y, consecuentemente, bajo la opresión de las injusticias y arbitrariedades (…) es una sociedad que, sin duda alguna, se convertirá en corrupta e inhumana, porque más allá de la ley y la justicia, lo que hay es el salvajismo propio de nuestros instintos básicos. Y, entonces, buscaremos doblegar al otro, violar los derechos humanos del otro, seremos destructores en vez de constructores, envidiosos del éxito del otro, en vez de emularlo, nos hundiremos moralmente perdiendo cualquier parámetro de ética".

En un agónico llamado, que solo puede pronunciar quien enfrenta con dignidad, no exenta de dolor el arrebato injusto e inconstitucional de su libertad, Miguel le señala al juez que "no es concebible que llevamos más de dos años presos sin haber cometido delito alguno. Pareciera que el principio constitucional de 'Se Presume Inocente' se ha convertido en 'Se Presume Culpable', haciendo que el precepto de nuestra carta magna: la libertad es inviolable, se convierta solo en un Sueño de Libertad. ¡No permita ciudadano juez que esto ocurra! La injusticia, señor juez, es glotona, se devora todo, y como Saturno devoró a sus hijos para que ninguno ocupara el trono del Olimpo, la injusticia se devorará no solo a quien la sufre, sino también a quien la promueve como a quien la ejecuta. Señor Juez, sin justicia, no hay libertad, sin esta la vida se reduce a un devenir insípido y sin sentido. A eso, señores Fiscales, se ha convertido nuestra vida en estos dos últimos años. Ustedes no han perdido nada! Como señalan en su exposición oral. ¡Nosotros sí!, nuestras esposas, nuestras madres, padres, hermanos. Pero, por sobre todo, las víctimas reales de esta injusticia son mis dos hijos menores: Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro, quienes han tenido que crecer sin la presencia de su padre, como los hijos de mis compañeros. Señor Fiscal, esto comenzó por un grave error, y eso es humano, normal, pero el orgullo nos hace mantenernos en él. El mejor momento para rectificar es aquel en que se ejecutan los actos. No sigamos empeñados en sostener este error. Y me uno a Cervantes, cuando Don Quijote dijo: 'La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombre dieron los cielos; por ella se puede y se debe aventurar la vida…'. Yo estoy dispuesto hacerlo, ciudadano juez; he dejado, en estas largas horas, todo mi ser por obtener esa libertad que merezco. Que mis hijos merecen. Estoy dispuesto a dar la vida para conseguirla y limpiar mi apellido por y para mis hijos. Y espero señor juez que usted esté dispuesto a implantar justicia".

La presunción de inocencia es un derecho no negociable e irreductible, más cuando es el propio Estado (los órganos del Poder Público y su ordenamiento) que reconoce como legítima los actos que se dicen contrarios a derecho y que ahora antijurídicamente los presentan como ilícitos.

La libertad es un derecho esencial que a nadie puede ser arrebatado con manipulaciones y engaños.

Sé Miguel de tu lucha, que la mayoría de quienes te conocen a ti y a tus compañeros de injusto cautiverio, respetan tu trayectoria y su verdad: la inocencia.

El Mundo, 28/08/2012, 21

Econoinvest: Palabras de Cierre de la declaración de Miguel Osío Zamora

Audiencia del 23 de agosto de 2012

Miguel Osío Zamora, director de Econoinvest, transcurrió cerca de diez horas explicando el carácter legal de las operaciones con títulos valores que ejecutó Econoinvest Casa de Bolsa. Sus argumentos se sustentaron en el marco jurídico desarrollado por el Gobierno Nacional —a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela—, mediante la implementación de los convenios cambiarios No. 1 y 4; y las resoluciones del Directorio del Banco Central de Venezuela que autorizaban la negociación de los TICC en el mercado secundario en bolívares, soportadas en la propia Ley Contra Ilícito Cambiarios, por la expresa excepción que el articulo 9 hace a las operaciones con títulos valores, excluyéndolas del tipo penal denominado “comercialización ilícita de divisas”.

Miguel Osío concluyó su exposición dedicándola a sus hijos Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro, con estas palabras:

"Ciudadano Juez:

¿Para qué sirven las leyes? Las leyes tienen como objetivo darle al ciudadano seguridad jurídica; darle la certeza de obrar dentro de los parámetros de la legalidad. Y eso no puede ser solo una sensación. Tiene que ser una realidad concreta y material. Pero si no se respeta la letra de la Ley, si quienes están llamados a garantizar su aplicación y su majestad incentivan su desobediencia con falsos argumentos y teorías que, como “gandolas jurídicas”, arremeten no solo contra su contenido, sino contra su espíritu y contra los principios fundamentales que sustentan nuestro sistema penal y judicial, como los principios de legalidad, tipicidad e inocencia, ¿qué certeza de justicia y legalidad podemos esperar como sociedad? 

Como sociedad, la mejor defensa que tenemos contra los abusos de poder que surgen de la injusticia y de la arbitrariedad es la solidaridad. La indignación social. Una sociedad que vive bajo los parámetros de inseguridad jurídica y, consecuentemente, bajo la opresión de injusticias y arbitrariedades, es una sociedad corrupta e inhumana, porque fuera del territorio de la Ley y la Justicia, lo que hay es el salvajismo propio de nuestros instintos básicos. Entonces buscaremos doblegar al otro, violar los derechos del otro; seremos destructores en vez de constructores; envidiosos del éxito del otro en lugar de sus émulos; nos hundiremos moralmente, perdiendo cualquier parámetro de ética. 

Casos como el nuestro nos llevan a tener la sensación de que en nuestra sociedad reina una gran inseguridad jurídica, que intimida e inhibe el esfuerzo emprendedor de una clase media trabajadora y profesional. Y digo expresamente la “sensación” porque tengo la fe, tengo la esperanza, de que usted nos devolverá la seguridad jurídica que nos ha sido robada. 

No es concebible que llevemos más de dos años presos sin haber cometido delito alguno. Pareciera que el principio constitucional de “Se presume inocente” se ha convertido en “Se presume culpable”, convirtiendo el precepto de nuestra Carta Magna que reza: “La libertad es inviolable”, en un lejano sueño de libertad. 

¡No permita,  ciudadano Juez, que esto ocurra! La injusticia es glotona. Se devora todo y, como Saturno devoró a sus hijos para que ninguno ocupara el trono del Olimpo, la injusticia devorará no solo a quien la sufre, sino también a quien la promueve y a quien la ejecuta. Señor Juez: sin justicia no hay libertad. Sin libertad, la vida se reduce a un devenir insípido y sin sentido. En eso, señores fiscales, se ha convertido nuestra vida en estos dos últimos años. Ustedes no han perdido nada, como señalan en su exposición oral. ¡Nosotros sí! Nuestras esposas, nuestras madres, nuestros padres y hermanos, sí. Y, sobre todo, las víctimas reales de esta injusticia: mis dos hijos menores, Rodrigo Miguel y Ricardo Alejandro que, como los hijos de mis compañeros, han tenido que crecer sin su padre al lado. 

Me uno a Cervantes, cuando en voz de Don Quijote, afirma: “La Libertad, Sancho, es uno de los mas preciosos dones que a los hombre dieron los cielos; por ella se puede y se debe aventurar la vida…” 

Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo, ciudadano Juez, he dejado, en estas largas horas, todo mi ser por obtener la libertad que merezco. Que mis hijos merecen. Y estoy dispuesto a dar la vida para conseguirla y limpiar mi apellido para mis hijos. 

Espero, señor Juez, que usted esté dispuesto a implantar la justicia."

Miguel Osio de Econoinvest: “Este es un juicio de mero derecho”

“Esto es un juicio de mero derecho, la aplicación de las normas es suficiente para decidir, ya que, está demostrado y acogido públicamente, por la representación fiscal, que Econoinvest utilizo títulos valores en sus operaciones, con los soportes documentales y económicos requeridos por la ley.” Asi lo afirmó en su derecho de palabra Miguel Osío Zamora.

Hoy continuó la décima  audiencia en el Juicio de Econoinvest que le siguen a Miguel Osío, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo y Ernesto Rangel, directores de Econoinvest,  en esta oportunidad continuo su derecho de palabra Miguel Osio, quien en varias oportunidades afirmó no saber todavía después de dos años y tres meses porque  están  presos  el y sus 3 compañeros.

Dijo Osío , que la Fiscalía General de la República los acusa  de comercializar ilícitamente Divisas, conforme el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios (LCIC) vigente para su momento, es decir, la promulgada en fecha 28 de diciembre de 2007. El otro, es un delito accesorio tipificado como Agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal venezolano vigente.

Explicó Osío, que el artículo 9 tipifica el delito de cambiario a aquel que “compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera, reciba, exporte o importe divisas” sin intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) y en violación de las disposiciones cambiarias. Pero, expresamente, exceptúa de su aplicación las operaciones con títulos valores. Esa es una excepción amplia, sin restricciones, ni da cabida a interpretación alguna. La ley no distingue cual título valor, dice en términos generales “títulos valores”; tampoco especifica la forma jurídica que debe utilizarse para transferir la propiedad de esos títulos valores.

Aclaró que El artículo 2, establece las definiciones que se aplicaran obligatoriamente al texto de la ley y que permiten circunscribir el ámbito de su aplicación. En tal sentido, tiene dos definiciones relevantes: Operación Cambiaria y Divisa. Así, se concreta como deben entenderse estos conceptos, a los fines de evitar interpretaciones erradas. Pues bien, estas definiciones no incluyen el termino “título valor”. Por lo tanto, no se consideraba al título valor como una divisa ni su negociabilidad como una operación cambiaria.

Esta excepción y definiciones se mantienen iguales desde la primigenia ley del 14 de septiembre de 2005, hasta la reforma de fecha 17 de mayo de 2010, posterior a los hechos acusados y, por lo tanto, no aplicable al caso Econoinvest. Esta reforma legal se elimina la excepción y se agregan los títulos valores dentro del concepto de divisa y de operaciones cambiarias. Cambia la voluntad del legislador y si tipifica el delito sobre operaciones cambiarias con títulos valores.

Igualmente dijo Miguel Osío, que la Ley de ílicitos cambiarios (LCIC) surge luego del establecimiento del régimen cambiario, es decir, primero se dictaron los Convenios Cambiarios que regularon el régimen cambiario y las operaciones con títulos valores y, luego, la LCIC regulo el aspecto penal con base a esas normas.

El Convenio Cambiario No. 1 en su artículo 35 y el convenio Cambiario No. 4 en sus artículos 2 y 3, regularon el régimen de venta de dólares con operaciones con títulos valores. Permitían las operaciones en el mercado primario de títulos valores, pero sometían el mercado secundario de títulos valores a la autorización del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante lo anterior, dijo Osío  que  en su exposición oral, la posición de Fiscal Guedez cambia en un 360 grados. Ahora plantea que todas las operaciones realizadas con títulos valores, sin importar cuales o como se realizaban, son considerados como un mecanismo de evasión a la aplicación del articulo 9 de la LCIC: es decir, se cometía un “fraude a la ley” cambiaria al utilizar los títulos valores.

Con este panorama dice Osío , que la excepción prevista en el artículo 9 porque no aplica? O Cuando aplicaría la excepción de los títulos valores? Porque la denuncia de Tomas Sánchez era por operaciones cambiarias sin uso de títulos valor y la Fiscalía desconoce? Como quedan las normas cambiarias que autorizaban el uso de títulos valores? o la opinión administrativa del BCV dirigida a la Asociación Bancaria de Venezuela  y las resoluciones expresas que autorizaba el uso de títulos valores? De ser validado judicialmente su razonamiento jurídico, entonces todas las operaciones con títulos valores que se hicieron durante el periodo 2003 al 2010 serán ilegales y penalmente castigable a quien las haya realizado. En la proximas audiencias continuaran los otros 3 directores exponiendo su defensa.

Fuente 25Segundos:http://www.25segundos.com/?id=9294&ids=1&accion=deta

Caracas Triste

Por Santiago Gamboa

Me gusta Caracas, una ciudad tan disparatada e imaginativa como Bogotá, con un crecimiento abigarrado y caótico que, sin duda, refleja en algo la muy intensa psicología de sus habitantes, sus problemas y delirios.

Pero en estos días de candidatura electoral en Venezuela, pensar en Caracas es algo triste por el singular caso de mis amigos Hernán Sifontes, Ernesto Rangel y Juan Carlos Carvallo, a los que se suma Miguel Osío, detenidos sin juicio desde el pasado 24 de mayo de 2010, un asunto vergonzoso que desde ya pasará a la historia de las grandes injusticias legales del continente.

Para no dejar lugar a dudas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), un órgano de procedimientos especiales de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, determinó desde el año pasado (y así lo expresó en sus decisiones Nº 28/2011 y 65/2011) que la detención de estas personas era ARBITRARIA, y por lo tanto violatoria de sus derechos humanos, en contradicción con los convenios internacionales de la ONU suscritos por el Estado de Venezuela. Por este motivo, el GTDA pidió no sólo la inmediata libertad de todos ellos, sino que determinó que el Estado debía otorgarles una reparación por el mal causado. Pero hasta el momento nada. Silencio. El Estado no responde y ellos siguen recluidos en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), donde fui a visitarlos el pasado mes de noviembre.

Aparte de ser los mejores amigos de la cultura venezolana y sobre todo sus grandes mecenas a través de la Fundación por la Cultura Urbana, que financian desde hace más de 10 años, ellos eran directivos de la casa de bolsa Econoinvest, a través de la cual se vendían títulos valor del Estado, única forma legal para el ciudadano venezolano de adquirir dólares. La acusación fue de “comercialización ilícita de divisas” y, sustentado en eso, “asociación para delinquir”, que en medio del proceso se modificó a “agavillamiento”. Pero los interventores no encontraron una sola transacción ilegal, lo que llevó a concluir al organismo de la ONU que “ninguna de las conductas imputadas se corresponde con los supuestos de hecho de los delitos de los que se les acusa, ni con algún otro delito establecido previamente en la legislación venezolana”.

En fin, como se decía en mi infancia: “blanco es, gallina lo pone, frito se come y huevo se llama, ¿qué es?”. Habría que ser ciego para no ver una sanción política, esa triste realidad que nos lleva a lo más oscuro de la historia latinoamericana y de la que intentamos salir con instituciones sólidas, separación de poderes y democracia. Ahora, en plena campaña electoral venezolana, cabe preguntarse: ¿se le garantiza al ciudadano una justicia independiente?, ¿hay real separación de poderes como en los demás Estados de derecho?

Todos defendemos el principio de la no injerencia, pero dado que ahora Colombia y Venezuela son tan amigas, no estaría mal que Santos, en alguna charla informal, le dijera a Chávez: “¿Por qué no les resuelves de una vez el asunto a esas personas, que tantos amigos tienen en Colombia?”. Porque mientras Hernán, Juan Carlos y Ernesto sigan en los calabozos de la DIM, Caracas seguirá siendo una ciudad triste.

Fuente: El Espectador: http://www.elespectador.com/opinion/columna-370054-caracas-triste

Que Maravilla Cuentas Bancarias en Divisas!... y Las Casas de Bolsas?

Para sorpresas de muchos, el viernes pasado fue publicado el Convenio Cambiario No. 20, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.968, de fecha 19 de julio de 2012. La sorpresa fue doble, por un lado nadie estaba esperando un nuevo convenio cambiario y, por el otro, menos sobre la materia tan delicada como tener cuentas bancarias en divisas extranjeras en el país. Cuando digo que nadie se esperaba, me refiero a nosotros el vulgo normal y corriente. Quizás los cercanos al poder y a los banqueros, si lo estaban.

Así, con este nuevo convenio, firmado por Jorge Giordani y Nelson J. Merentes, se abre la posibilidad, nunca antes vista en Venezuela, de tener cuentas en dólares, euros o cualquier otra moneda extranjera como el Rial iraní, Peso cubano, Rublo bielorruso, el Won norcoreano o la “estable” moneda zimbawense. Pero además de esta posibilidad general establecida para cualquier persona, natural o jurídica, domiciliada o no en Venezuela, existe la posibilidad de que empresas estatales exportadoras vendan sus divisas (un 5% mensual) en el mercado alternativo de títulos valores, hoy manejado exclusivamente por el Banco Central de Venezuela (BCV), a una tasa de cambio superior a la de Bs. 4,30.

Vale recordar que hace mas de dos años se liderizo una cacería de brujas contra el mercado de valores por utilizar un mecanismo legal de operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) para la adquisición de divisas en el país. Operaciones legalmente soportadas en el convenio cambiario No. 4, en las resoluciones del BCV que autorizo los TICC, los Bonos de PDVSA y los Bonos Cambiarios para tal fin (aquí resoluciones http://tl.gd/9uvrcl); así como despenalizada por la propia Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios.

A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía a través de Daniel Guedez, sostiene, aun hoy día, que estas operaciones son ilegales, a pesar de que el consultor jurídico del Ministerio de Finanzas emitió opinión en la cual se sentenciaba, sin duda alguna, su legalidad (ver opinión aquí: http://www.scribd.com/doc/56029412/Econoinvest-OpinionMinFinanzas). Tesis que en estas semanas es objeto de discusión en el juicio que esta asumiendo Econoinvest, en nombre de 3.000.000 de personas que hicieron estas operaciones; así como de los bancos y demás casas de bolsas que operaron con este mecanismo. De prevalecer esta tesis todas las operaciones realizadas con títulos valores, sin importar cuales, o si fue mediante permuta o compraventa, serán ilegales y las partes involucradas podrán ser castigadas penalmente.

Por otra parte, muchas de las empresas del estado durante casi 8 años utilizaron el mecanismo de los títulos valores como medio alterno para enfrentar su situación financiera. Una de ellas fue Petróleos de Venezuela (PDVSA), efectuando la que fuera, en su momento, la emisión mas grande de una empresa estatal en Latinoamérica. Como indicamos antes, con este nuevo convenio cambiario, PDVSA podrá tomar aire luego de dos años de asfixia cambiaria, usando hasta un 5% de sus ingresos mensuales a la compra de títulos denominados en dólares que serán liquidados a un tipo de cambio superior al oficial. Según Asdrúbal Oliveros, socio de Ecoanalítica, el diferencial cambiario permitirá a PDVSA obtener alrededor de 1.385 millones de bolívares extra (unos 261 millones de dólares) en lo que resta de año, para saldar cuentas en bolívares con sus contratistas.

La pregunta fundamental aquí es: Como se puede pretender que el ciudadano común de clase media sienta seguridad jurídica de abrir una cuenta bancaria en divisa en un banco venezolano, cuando hace dos años se arrasó un sector completo de la economía venezolana, el mercado de valores, cerrando alrededor de 80 casas de bolsas, acabando con mas de 5000 empleos y manteniendo preso a 10 personas, por haber utilizado el mecanismo alternativo de títulos valores impulsado por el mismo gobierno, como hoy hace con estas cuentas bancarias en divisas; soportado legalmente con un convenio cambiario que regulaba estas operaciones con títulos valores, como hoy mismo hace el gobierno nacional; y una ley penal que exceptuaba expresamente a las operaciones con títulos valores del delito de ilícito cambiario?

Es que caso un cambio de política cambiaria implica, como sucedió con los títulos valores, meter presos a quienes la hacían legalmente, antes de cambiar las leyes? Quien puede afirmar a ciencia cierta, con la falta de seguridad jurídica demostrada en el caso de las casas de bolsas, que dentro de 6 meses no ocurra algo similar con las cuentas bancarias en divisas? Sugiero que ante cualquier avance en esta materia se levante las acusaciones contra las casas de bolsas, por falso supuesto y atipicidad de los delitos que los acusan, sino nosotros no tendremos garantías frente a las cuentas en divisas.

Estos “acontecimientos” me sorprenden tanto y reflexiono como a veces la realidad nos hace enfrentar la crueldad descarada de sus actos y hechos, frente a una ficción que queda miope y corta en imaginación.

Ricardo Padron
@rodz2058
http://rodz2058.blogspot.com/

Juez condiciona prueba de la defensa en juicio de Econoinvest

14/08/2012 05:29:24 p.m. | Carjuan Cruz.- El informe de antiguos interventores será aceptado por el juzgado 5° de Juicio que lleva el caso de Econoinvest, solo si Nahunimar Castillo, la principal funcionaria, acude a autentificar el documento.

Nahunimar debe autentificar el contenido y la firma del documento presentado por la Fiscalía como prueba complementaria, para demostrar los delitos imputados a los cuatro directivos de la casa de bolsa.

Fue así como el juez a cargo, Rodolfo Romero, resolvió la disputa que se originó entre la defensa y el Ministerio Público cuando los dos fiscales solicitaron la admisión de este informe.

En esta séptima sesión del juicio oral y público, se le dio derecho a los abogados de los directivos para iniciar la presentación de defensa.

Beatriz di Totto, una de las abogadas de la defensa, aseguró que las operaciones hechas por Econoinvest estuvieron enmarcadas en las políticas establecidas por el Banco Central de Venezuela, desarrolladas desde 1998. Por lo que no solamente estaban amparadas por la salvedad que se incluía en el artículo nueve de la Ley de Ilícitos Cambiarios, la cual permitía negociación de títulos en moneda extranjera.

Recordó que todas estas transacciones quedaban registradas en el sistema automatizado del BCV, ente que además tiene rango constitucional. Por lo que la abogada aseguró que las operaciones representaran un ilícitos cambiario.

Fuente: El Mundo Economico

26/6/2012 Los olvidados ejecutivos de Econoinvest Un caso que en medio del torbellino de ilegalidades e injusticias con las que se vive en Venezuela ha quedado prácticamente relegado al olvido Por Mercedes Montero Un caso que en medio del torbellino de ilegalidades e injusticias con las que se vive en Venezuela ha quedado prácticamente  relegado al olvido. Econoinvest  fue la Casa de Bolsa más grande de Venezuela, un país que fue  próspero hasta que llegó al poder un gobernante que  tenía una agenda oculta en la cual estaba formulado como objetivo fundamental, acabar con la propiedad privada y  destrozar simultáneamente al país, hasta transformarlo en una fotocopia de la arruinada Cuba castrista.  Con semejante objetivo a empresas como las casas de bolsa el único futuro que les esperaba era su intervención, y, luego cierre definitivo, sin alguna otra motivación que la de actuar a favor del proyecto político oficialista. Es necesario describir la empresa que era Econoinvest para poder medir la clase de daño causado a la economía nacional, a los inversores, al mercado de trabajo  y a unos jóvenes empresarios, por parte de los representantes de una “revolución” que parece no entender que mientras más prosperidad exista en el país, mayor arraigamiento habrá en su población. Econoinvest  fue fundada por Hermán Sifontes y Miguel Osío en Caracas en 1996, después de la crisis bancaria que llevó al cierre de 14 bancos de larga trayectoria en el mercado. Luego sería  registrada como miembro de la Bolsa de Caracas – en el mismo año. Con una administración excelente logró conquistar el sector y expandirse nacionalmente  hasta  llegar  a ser su empresa líder, con 1000 empleados en nómina y oficinas en Caracas, Valencia, Margarita y  Mérida. Econoinvest  se diversificó al adquirir y fundar otras empresas. En el año 2000   creo la Fundación Cultura Urbana con el fin de promover responsabilidad social, nombrando como presidente de la Fundación al historiador Rafael Arraiz Lucca. En el año 2005 fue fundada Econoinvest Capital Holding Company que pasó a ser  la mayor accionista de Econoinvest; que ese mismo año adquiere Seguros Carabobo, empresa que tenía 16 sucursales en todo el país. En el año 2006, Econoinvest Capital S. A registró sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas  y de paso estimula a sus empleados a adquirir acciones de la Empresa mediante la creación de un Plan Especial de Compra de Acciones por parte de sus trabajadores para que de esa forma pasaran a ser accionistas de las empresas en las que trabajaban. El Plan tuvo una aceptación del 88% por parte de los empleados, lo cual incrementó el número de nuevos accionistas hasta la cifra de 540. La Casa de Bolsa participó en la emisión de bonos de empresas tales como Electricidad de Caracas, Banesco, Banco Mercantil, Banco del Caribe, Intercable, ABN Amo, fue el “Local advisor” de la oferta de bonos de PDVSA en el 2007 (la mayor oferta de bonos corporativos que haya conocido Latinoamérica), además participó en la oferta de CANTV y del Banco de Venezuela. Tales operaciones le valieron la clasificación en el cuarto lugar (4to)   en “Latin American Capital League Tables de Bloomberg – 2007. Además, debido a su estricto apego a las reglas y procedimientos de los mercados de capitales y su cumplimiento de las leyes que rigen las operaciones, la  casa de Bolsa Econoinvest  obtuvo la acreditación dada por ACAMS (International Association of Anti – Money Laundering) en el mismo Año. En el 2009 la Kroll International Agency para el Anti-Money  Laundering le hizo un reconocimiento oficial a Econoinvest por su trabajo, llegando a ser una de las pocas instituciones financieras venezolanas que ha obtenido tal reconocimiento. El 25 de Mayo, 2010, la Superintendencia Nacional de Seguros suspendió las operaciones de Econoinvest y otras 36 casas de bolsa, así como también cerro el mercado de aseguradoras para  otras 70 firmas. Los ejecutivos de Econoinvest Miguel Osío, Herman Sifontes, Juan Carlos Carballo y Ernesto Rangel fueron hechos presos sin razón alguna,  sin embargo han sido acusados de presunta “comercialización indebida de divisas y agavillamiento”, han  estado encarcelados durante dos años, y, estuvieron esperando casi un año completo para que la sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia decidiera si admitía o no la solicitud introducida por sus defensores por supuestas irregularidades en el proceso judicial en su contra. El Lunes 25 de Junio de 2012,  se dará inicio al juicio contra los ejecutivos de Econoinvest. Estos jóvenes profesionales no han cometido delito alguno, simplemente representan la contradicción a un mezquino proyecto político que no soporta ver el profesionalismo y éxito empresarial, porque demuestra evidentemente el anacronismo y la sinrazón oficialista. El simple hecho de que alguien sea exitoso es un delito para  la revolución o Socialismo del Siglo XXI Para la revolución, es necesario destruir todo el progreso, confiscar la propiedad privada (siempre que no sea la de ellos) , dejar a todo el pueblo en la miseria para luego re fundar el país aplicando la ideología  Castro comunista y hacer de Venezuela una Venecuba, igual a la Isla cárcel.

Primeros interventores de Econoinvest bajo cuatro denuncias

El Mundo Economico:

06:49 a.m. | Carjuan Cruz.- Los primeros interventores de la casa de bolsa Econoinvest tienen cuatro denuncias en la Fiscalía, y una de estas fue abierta por un oficio que hizo llegar al Ministerio Público el ministro Jorge Giordani.

Esto fue señalado por la defensa técnica de los cuatro acusados de Econoinvest en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Quinto de Caracas.

Según explicó en el acto Beatriz di Totto, una de las abogadas, aparte de estas denuncias que reposan en el Ministerio Público, también hay otro procedimiento abierto en la Contraloría General de la República por la operación hecha por los primeros interventores -y luego liquidadores- Nahunimar Castillo y Orangel Godoy en noviembre de 2010, en la que se vendieron 60 millones de dólares en Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) días antes de la devaluación, lo que generó una pérdida patrimonial a la empresa.

También se suma la publicación de un aviso en prensa con notificaciones a clientes, el cual costó alrededor de dos millones de bolívares; además de la contratación del padre de Castillo para que trabajara en una oficina "cerrada" de Econoinvest con el fin de pagarle al año lo correspondiente a prestaciones con dinero que provenía de la masa de liquidación.

Los señalamientos de la defensa en cuanto a las denuncias sobre Castillo y Godoy en el Ministerio Público se deben a la petición hecha por los representantes del Ministerio Público que solicitan se admita el informe final de la liquidación hecha por estos primeros interventores como una prueba complementaria al proceso de acusación.

Aunque la defensa señaló que no se oponía a la admisión del informe, reiteró su solicitud para que los autores del documento acudieran a la sala como testigos, en función de ser interrogados tanto por la defensa como por la Fiscalía, y hasta el juez Romero.

El fiscal Guédez manifestó desacuerdo con que Castillo y Godoy acudieran a la sala como expertos, pues aseguró que no lo eran. A lo que la defensa reiteró que podían acudir como testigos por haber hecho el informe, o como expertos por haber sido designados interventores.

Señalaron que si la Fiscalía no los considera especialistas en esa materia, tampoco el informe presentado podría tener valor.

El juicio oral y público continúa el próximo martes 7 de agosto, cuando se espera que el juez Romero informe sobre su decisión en cuanto a la admisión del informe de Castillo y Godoy, y también sobre la solicitud de la defensa para que estos ex interventores acudan a atestiguar.