Las transacciones cambiarias con TICC son el centro del juicio
lunes 31 de diciembre de 2012 10:05 AM
Tras cinco horas de trámites en la División de Inteligencia Militar Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel pudieron salir a la calle a las diez de la noche del 29 de diciembre. Habían transcurridos dos años y siete meses desde que perdieron la libertad acusados de perpetuar una larga lista de delitos que, en su mayoría, han quedado sin pruebas y sustento.
Quienes se desempeñaron como directivos de Econoinvest, entidad financiera que llegó a convertirse en la principal casa de bolsa del país, soportaron una fuerte andanada desde el alto poder. "Econoinvest es un nido de mafiosos" sentenció Hugo Chávez en cadena nacional el 15 de julio de 2010 y añadió que la casa de bolsa había usurpado la identidad de personas para realizar operaciones fraudulentas y especulación en el mercado cambiario.
Desde Venezolana de Televisión comenzó a hablarse de "Econoinfesta" y se mostraba continuamente un video donde trabajadores de Econoinvest, antes de la llegada de los interventores, abandonaban las oficinas con obras de arte.
Al presentar su acusación la Fiscalía no pudo recurrir a los supuestos casos de usurpación de identidad y robo de obras de arte, las operaciones tenían autorización y todas las denuncias contra los vicepresidentes y el resto del personal carecían de mayor soporte.
La acusación de la Fiscalía contra los cuatro directivos principales de Econoinvest se basó en cinco transacciones en las que la casa de bolsa habría violado las normas del control de cambio al realizar compra y venta de divisas por 100 millones de dólares a través de Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC), práctica en la que también incurrió un grupo de bancos y compañías de distintos sectores de la economía.
Hasta 2010 existió en el país una ventana, conocida como permuta, para transar divisas en medio del control de cambio. Básicamente, las empresas acudían al banco o casa de bolsa y adquirían un bono en bolívares, mientras que quien les vendía los dólares compraba un bono en divisas en el exterior. Posteriormente, se intercambiaban los títulos.
Así, la empresa pasaba a tener un bono en divisas que vendía en Nueva York para obtener los dólares y quien quería bolívares, un bono que podía negociar en Caracas.
La acusación del Ministerio Público reconoce que este tipo de operaciones se encontraban permitidas, pero no las admite en el caso de los TICC, unos bonos con características muy especiales.
Estos bonos están diseñados para proteger al comprador de una posible devaluación, por esto, se pagan en bolívares pero están denominados en dólares. Una empresa puede tener en sus manos un TICC por 100 dólares y al vencimiento recibir el equivalente en bolívares de 100 dólares al tipo de cambio oficial.
¿Cómo se compraban dólares a través de los TICC? De acuerdo con los fiscales las empresas le entregaban a la casa de bolsa bolívares para adquirir un TICC. Luego, la casa de bolsa les recompraba el TICC entregándole los dólares al tipo de cambio pactado.
El Ministerio Público sostiene que en estas operaciones no se realiza una permuta, porque no hay un intercambio de dos bonos y por tanto, se trataba de negociaciones no permitidas.
Hay un hecho clave. El 30 de junio de 2010 la Oficina Nacional de Crédito Público le solicitó un pronunciamiento sobre el tema a Rodolfo Porro Aletti, director general de consultoría jurídica del despacho para tener certeza sobre si las operaciones con TICC eran legales.
Su respuesta fue que "las operaciones en divisas y en bolívares en el mercado secundario no tendrían carácter de ilegales o ilícitas".
Además la Ley de Ilícitos permite comprar y vender dólares a través de bonos, sin establecer que tiene que ser mediante transacciones tipo permuta.
Fuentes consultadas indican que los fiscales se han ido quedando sin argumentos en las audiencias para demostrar que hubo comercialización ilícita de divisas.
Los clientes de la casa de bolsa recuperaron todo el dinero invertido, incluso quienes tenían colocaciones en divisas.
Tras dos años y siete meses encarcelados el juez Rodolfo Romero decidió que los cuatro directivos de Econoinvest continuarán el juicio en libertad, sin poder salir del país, con prohibición de declarar a la prensa y presentándose cada treinta días en el tribunal.
En caso de que el juez decidiese declararlos culpables lo usual es que se les condene a la pena mínima que por los delitos que se les imputa sería de tres años, es decir, prácticamente ya cumplieron la condena.
Extraoficialmente ha circulado la información de que Arné Chacón, hermano del ex ministro Jesee Chacón y otros seis banqueros acusados por la quiebra de pequeñas entidades bancarias como Banco Real y Baninvest también han sido puestos en libertad.
Victor Salmeron
vsalmeron@eluniversal.com
Enlace Original: El Universal: http://bit.ly/12T8XN4
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